La «canutización» de La Moneda – Por Lukas Montecinos

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Llamar “canutización” a lo que ocurre en La Moneda es, desde luego, incómodo. La palabra pertenece a una historia chilena en la que el apelativo sirvió muchas veces para rebajar a los evangélicos y, por lo mismo, no debiera convertirse en el lenguaje con que el Estado se refiere a ciudadanos y comunidades de fe. Sin embargo, si se la despeja de su carga insultante, permite nombrar una inquietud que va más allá de una sala, una cruz o un calendario de cultos: la posibilidad de que una forma particular de ser evangélico ocupe progresivamente los símbolos, los espacios y las interlocuciones del poder hasta presentarse, sin haber recibido ese mandato, como la voz natural de un mundo mucho más diverso de lo que habitualmente se admite.

La noticia de una capilla evangélica permanente en el Palacio de La Moneda no debiera examinarse como si la alternativa fuese tan simple como estar a favor o en contra de la libertad religiosa. El culto para funcionarios y la capellanía ad honorem informados por la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos durante abril de 2026 podían comprenderse, en principio, como una forma razonable de acompañamiento voluntario para quienes lo solicitaran; el asunto cambió de escala cuando se habilitó un recinto estable y exclusivo, medida que el Gobierno defendió apelando a la equidad respecto de la capilla católica ya existente. Es precisamente en ese paso, más que en la oración misma, donde aparece el problema público y eclesial que vale la pena pensar, pues el reconocimiento de una comunidad religiosa puede dejar de ser garantía de libertad cuando comienza a operar como señal de representatividad para un mundo que nadie ha mandatado a hablar en su nombre.

Ese examen no debiera confundirse con la “canutofobia” que Javier Castro Arcos identifica en el debate político chileno. La fe no constituye una inhabilidad civil, ni autoriza a descalificar a una autoridad antes de examinar su gestión, su cumplimiento de la ley y los resultados de su administración; los evangélicos pueden participar de los gobiernos y de la vida pública como cualquier otro ciudadano. La cuestión, por tanto, no es su presencia en el Estado, sino la forma en que esa presencia se organiza y se representa cuando el acceso de algunos comienza a confundirse con el reconocimiento de todos.

La paradoja: más símbolos, menos reglas

El caso revela una paradoja que conviene poner en el centro. Por una parte, hay una creciente institucionalización simbólica de lo evangélico: más ceremonias, más fotografías oficiales, más espacios exclusivos y más gestos que buscan hacer visible una identidad religiosa determinada; por otra, persiste un déficit de institucionalización propiamente tal, pues no se conocen reglas generales sobre quiénes pueden prestar asistencia espiritual, cómo se accede a ella, en qué condiciones se usan los espacios públicos, qué ocurre con otras confesiones y cómo se resguarda a quienes no profesan fe alguna. Se multiplica la forma externa del reconocimiento mientras escasea la arquitectura administrativa que permitiría sostenerlo de manera justa.

La diferencia no es un capricho burocrático. La Ley N°19.638 protege la libertad de conciencia y el libre ejercicio de las actividades religiosas, de manera que el Estado no puede tratar con desdén a quienes requieren una práctica o un acompañamiento espiritual; pero garantizar ese derecho no obliga a construir una suma de recintos identitarios ni a escoger, por afinidad o visibilidad, quiénes serán sus administradores. La igualdad, cuando se reduce a imitar el privilegio histórico de otro, puede dejar intacta la lógica que se pretendía superar: antes había una confesión naturalmente alojada en el Estado; ahora podrían ser dos, mientras el resto sigue esperando a que alguien le abra una puerta.

Un Estado laico no es un Estado hostil a las religiones. Es un Estado que protege a las personas en su libertad de creer o no creer, sin adoptar una identidad religiosa ni delegar la representación de un campo diverso en líderes que no han recibido ese mandato. La pregunta relevante, entonces, no es por qué los evangélicos no podrían contar con una capilla, sino qué necesidad concreta se busca atender y con qué reglas puede hacerlo el Estado sin convertir la cercanía política de algunos en el derecho de todos.

No existe “el evangélico” en singular

A esta discusión le pesa una simplificación que el propio mundo evangélico suele aceptar con demasiada facilidad. Bajo una misma etiqueta conviven iglesias pentecostales históricas, metodistas, bautistas, presbiterianas, luteranas, congregaciones migrantes, comunidades indígenas, iglesias independientes y redes neopentecostales, con doctrinas, prácticas, trayectorias sociales y formas de autoridad que muchas veces no dialogan entre sí.

La investigación de Fediakova ha mostrado que el crecimiento evangélico chileno no produjo una voz homogénea, sino nuevas formas de ciudadanía cultural y demandas de reconocimiento. Corregir el viejo catolicocentrismo, por tanto, no consiste en negar la presencia pública evangélica, sino en evitar que una asimetría histórica sea reemplazada por otra, esta vez administrada por los grupos más conectados con el poder. Cuando la visibilidad se transforma en criterio de representación, los actores pequeños, territoriales, colegiados o menos mediáticos quedan desplazados, aunque encarnen con la misma legitimidad la vida religiosa de sus comunidades. En este punto, la crítica al vínculo preferente con expresiones neopentecostales (o con sectores pentecostales que han adoptado parte de su lenguaje y de sus prácticas públicas) debe ser precisa y no caricaturesca. No se trata de impugnar el derecho de sus miembros a participar en la vida pública, sino de advertir que ciertas formas de liderazgo concentrado, de comunicación masiva y de lectura del éxito como confirmación espiritual encuentran una afinidad particularmente cómoda con el lenguaje político de la influencia. La fotografía puede terminar sustituyendo a la deliberación, el acceso directo al procedimiento y la cercanía con una autoridad a la representación efectiva; el Estado, sin embargo, no puede permitirse esa comodidad, porque su deber es distinguir entre quien tiene capacidad de convocatoria y quien puede ser parte de una interlocución plural bajo reglas conocidas.

La unidad bajo patrocinio político

El debate sobre la presencia evangélica en La Moneda no ocurre en el vacío. La experiencia de ninguneo, caricaturización y desprecio hacia los evangélicos ha sido suficientemente persistente como para que no pueda descartarse como una exageración identitaria. Es por ello que la advertencia de Jonathan Muñoz sobre “el Chile de Kast” debe leerse precisamente en esa clave, pues si existe un riesgo de que una parte del debate público vuelva a tratar a los evangélicos como ciudadanos de segunda categoría, reduciéndolos a una caricatura religiosa o suponiendo que su fe los inhabilita para participar en la vida pública, entonces es razonable que las iglesias procuren defender su dignidad y su derecho a estar presentes.

Sin embargo, la respuesta a ese ninguneo no puede consistir en convertir la cercanía con el poder político en garantía de reconocimiento. Una comunidad religiosa no supera su histórica marginalidad porque obtiene una fotografía con el Presidente, una capilla en la sede de Gobierno o una invitación preferente a las ceremonias de la autoridad; la supera cuando puede ejercer sus derechos y aportar al bien común sin necesitar que el Estado certifique su importancia. De otro modo, el deseo legítimo de dejar atrás el desprecio termina convirtiéndose en una búsqueda permanente de validación pública.

La inauguración de la capilla no fue sólo la habilitación de un espacio de culto. También se convirtió en el escenario desde el cual se celebró la unificación del Consejo de Capellanías. Que distintas organizaciones religiosas puedan encontrarse y cooperar es una buena noticia, particularmente en un mundo evangélico acostumbrado a la fragmentación, pero el lugar y la forma en que esa unidad se solemniza abren una pregunta que no debiera pasarse por alto: ¿qué dice de esas instituciones que necesiten una sede política para sellar una convergencia que no habían conseguido consolidar por sí mismas?

Las iglesias y sus organizaciones son cuerpos intermedios de la sociedad civil. Su valor público no consiste en acercarse al Estado para adquirir existencia, sino en poseer capacidad propia de cooperación, deliberación y servicio, de modo que puedan relacionarse con la autoridad sin depender de ella para ordenar sus diferencias internas. Cuando la unidad se vuelve posible o visible sólo bajo patrocinio político, la frontera entre colaboración legítima y dependencia simbólica comienza a volverse menos nítida. El Estado no debiera ser el lugar que produce la unidad de las iglesias, sino el espacio ante el cual comunidades ya capaces de cooperar comparecen con autonomía y reglas propias.

Algo semejante debiera decirse del Servicio de Acción de Gracias y Oración por el Gobierno realizado con la presencia del Presidente de la República en marzo del presente año en el Centro Cristiano Internacional (CCINT). Orar por quienes gobiernan forma parte de la vocación cristiana y no debiera ser motivo de sospecha; las autoridades necesitan oración, consejo y, cuando corresponde, corrección moral. Sin embargo, la elección de un espacio como CCINT tampoco es indiferente, pues remite a un tipo de presencia evangélica que ha articulado con especial eficacia congregación, liderazgo, medios de comunicación y proyección pública, trayectoria en la que Billy Bunster ocupa un lugar relevante. Nada de ello es ilegítimo por sí mismo, pero ayuda a comprender por qué ciertas redes se vuelven interlocutores particularmente reconocibles para el poder político y por qué una ceremonia devocional puede adquirir, al mismo tiempo, una densidad institucional y simbólica que excede la oración.

¿Qué busca la Iglesia cuando busca reconocimiento?

La pregunta más incómoda, con todo, no se dirige sólo al Estado, sino que también alcanza a las iglesias, y de manera particular al pentecostalismo histórico. ¿Qué estamos buscando cuando celebramos que un pastor es recibido en La Moneda, que una oficina se convierte en capilla o que una autoridad asiste a nuestro culto? Puede haber gratitud legítima por el fin de una exclusión y por el ejercicio de derechos que antes se negaban, pero la gratitud se vuelve peligrosa cuando se transforma en hambre de validación.

El pentecostalismo chileno no nació en los salones de prestigio ni construyó su presencia social gracias a un lugar reservado en las instituciones. Su historia está hecha de los barrios, escuelas dominicales, visitas y redes de cuidado que, con todas sus luces y sombras, se desarrollaron frecuentemente lejos del reconocimiento de las élites. Esa historia no obliga a romantizar la marginalidad, pero sí debiera protegernos de la idea de que una iglesia se vuelve más relevante porque dispone de una sala en un palacio.

Una Iglesia cumple su vocación cuando anuncia con fidelidad el Evangelio, sirve al prójimo, forma comunidades responsables y conserva libertad para decirle la verdad al poder, también cuando el poder la invita a pasar. Puede pedir reglas justas sin reclamar privilegios, defender la libertad religiosa sin hablar por quienes no la han mandatado y orar por las autoridades sin convertir la oración en ceremonia de legitimación. Su aporte no consiste en conquistar espacios de poder, sino en conservar la autonomía necesaria para servir, acompañar e interpelar a toda autoridad, incluso a aquella con la que comparte afinidades momentáneas.

Una presencia pública más libre

El camino no pasa por prohibir los cultos ni por expulsar la fe del espacio público, sino por sustituir la lógica de la concesión por una política de derechos. Presidencia podría establecer un reglamento público de asistencia religiosa y de conciencia para funcionarios, con espacios de uso compartido cuando ello sea suficiente, mecanismos claros para acreditar asistentes espirituales, prohibición de toda presión proselitista y una instancia consultiva plural que no permita a nadie hablar en nombre de todos los evangélicos. Si una demanda estable justificara infraestructura adicional, esa decisión debiera fundarse en criterios conocidos y aplicables a cualquier grupo comparable, no en la visibilidad de sus dirigentes.

La “canutización” de La Moneda no consiste, por tanto, en que haya evangélicos orando en ella. Consistiría en que una forma particular de presencia evangélica llegue a confundirse con la totalidad de un campo religioso diverso y en que el Estado, al relacionarse preferentemente con sus expresiones más visibles o próximas al poder, termine reforzando esa confusión. El desafío para las iglesias no es conquistar una cuota de privilegio, sino contribuir a que la libertad religiosa se exprese dentro de un marco institucional que no dependa de afinidades, fotografías ni accesos personales.

Desde esa perspectiva, la pregunta no es cuántas puertas se abren para los evangélicos, sino qué clase de relación entre instituciones públicas, comunidades religiosas y ciudadanía estamos dispuestos a construir cuando esas puertas se abren. Una presencia pública madura no reclama hablar por quienes no la han mandatado, ni convierte el reconocimiento estatal en medida de su fidelidad, ni necesita que el poder político reúna, ordene o certifique aquello que las iglesias debieran ser capaces de cultivar por sí mismas. Su contribución al bien común comienza, precisamente, allí donde conserva la libertad de pedir reglas justas para todos, de acompañar a quienes gobiernan sin quedar subordinada a ellos y de recordar que la autonomía de la Iglesia no se demuestra por el lugar que obtiene en el Palacio, sino por la libertad con que puede hablar y servir aun cuando el Palacio no le abra sus puertas.

Referencias:

Imagen de Lukas Montecinos

Lukas Montecinos

Director general de Pensamiento Pentecostal. Licenciado en Gestión Pública y Bachiller en Ciencia Política y Administrativa por la Universidad Central de Chile. Magíster en Gobierno y Gerencia Pública por la Universidad de Chile (c). Miembro de IMP Colina.

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